Washington, EEUU.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebra sus 20 primeros años de creación. Este organismo fue creado en octubre de 1997, durante su 97º Período de Sesiones, con el objetivo de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y desarrollo del sistema democrático, así como en la protección, garantía y promoción de los demás derechos humanos.

Santiago Cantón, Eduardo Bertoni, Ignacio Alvarez, Catalina Botero y Edison Lanza, quienes en ese orden ocuparon el cargo de Relator/a Especial para la Libertad de Expresión a la fecha, destacan el rol fundamental que la oficina ha desempeñado en la vigilancia de la situación de la libertad de expresión en el hemisferio, así como en la promoción de altos estándares en esta materia.

Desde la creación en 1997 de la Relatoría Especial, la región ha dado pasos importantes hacia la protección, promoción y garantía del libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y ha logrado numerosos avances en el proceso de adecuación normativa nacional a los estándares interamericanos.  Estos avances son el resultado del trabajo de la sociedad civil dedicada a la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión en la región, la  intensa labor de la Relatoría Especial de visibilizar los problemas existentes, promover el desarrollo de doctrina y jurisprudencia especializada, y formular propuestas y recomendaciones, así como la receptividad de los Estados para llevar adelante transformaciones en línea con los estándares interamericanos y las recomendaciones realizadas.

En efecto, suman veintitrés los países de las Américas que han aprobado leyes de acceso a la información pública.  La mayor parte de las jurisdicciones de la región han derogado las leyes de desacato, y hay una progresiva derogación o modificación de los delitos de calumnias e injurias, en particular con el objeto de proteger la expresión que se refiere a asuntos de interés público o sobre funcionarios públicos. 

Asimismo, algunos países de la región particularmente afectados por el fenómeno de violencia contra periodistas han adoptado mecanismos especiales para su protección y han desarrollado fiscalías especializadas para investigar estos crímenes.

De Igual manera, en estos 20 años la expansión de internet ha transformado y potenciado el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la región y ha hecho de esta tecnología un instrumento esencial para promover la realización de otros derechos humanos.

Por otra parte, durante estos años la labor del periodismo, como manifestación primaria de la libertad de expresión, ha tenido un impacto fundamental en la lucha contra la corrupción en la región, que pone de presente la necesidad de garantizar la libertad de prensa, promover el periodismo de investigación y de fomentar altos estándares de calidad periodística y la autorregulación ética de la profesión.

No obstante estos notables avances, persisten desafíos que dan cuenta de la relevancia y vigencia del mandato de la Relatoría Especial de cara al futuro. La violencia contra periodistas y los elevados índices de impunidad respecto de estos crímenes sigue representando la mayor amenaza al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la región.  Según las cifras reportadas por la Relatoría Especial, entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de noviembre de 2017, al menos 177 periodistas, trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación habrían sido asesinados por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su profesión. En la mayoría de los casos, los periodistas asesinados trabajaban en lugares alejados de los grandes centros urbanos y cubrían noticias locales sobre corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados con el poder político y económico. En su gran mayoría estos crímenes permanecen en la más absoluta impunidad.

Asimismo,  preocupa que en algunos países de la región se siga criminalizando la crítica, la disidencia política y la participación en manifestaciones sociales. A su vez, causa alarma el debilitamiento de formas de gobierno democráticas y la instalación de regímenes autoritarios  en países del hemisferio que vuelven a adoptar la censura, el cierre arbitrario de medios comunicación y el uso de medios indirectos para interferir o controlar el funcionamiento de los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.

De igual manera, la discriminación y desigualdad en perjuicio de grupos de personas y comunidades en riesgo y su consiguiente dificultad para acceder al espacio público continúa siendo una falla estructural en el proceso de deliberación democrática de las Américas, que requiere de mayores esfuerzos para poder ser superada.

En la misma línea, el desarrollo de la tecnología también trae aparejado una serie de desafíos nuevos, generalmente relacionados con la escala de la difusión de las posibilidades que ella apareja, tales como el rol y el tipo de responsabilidad de los intermediarios para el acceso y circulación de información en Internet, la manipulación de la información y la viralización de noticias deliberadamente falsas con conocimiento de ello, el espionaje ilegal de periodistas y defensores de derechos humanos, el abordaje de problemáticas como el discurso de incitación al odio o la violencia en línea, el crecimiento de las tecnologías de vigilancia y su adecuación legal, entre otros.  
 
En estos 20 años de la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, los cinco expertos regionales reiteran que el pleno respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión es indispensable para que la región supere estos desafíos y consolide la democracia como sistema de gobierno y que solo a través del fortalecimiento democrático puede lograrse la paz y pueden prevenirse los conflictos entre las personas y entre los pueblos.

En tal sentido, los expertos destacan el apoyo ofrecido por la Comisión Interamericana, los Estados, la sociedad civil y los medios de comunicación al trabajo de la oficina en todo este tiempo, e instan a los Estados a renovar su compromiso con los principios y estándares interamericanos en materia de libertad de expresión.

Fuente: RELE-CIDH