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Libertad de expresión

Continúa impunidad en crímenes contra los periodistas

Continúa impunidad en crímenes contra los periodistas

Bogotá, Colombia.- En los últimos 40 años en Colombia han sido asesinados 154 periodistas, crímenes que en su gran mayoría se encuentran en la total impunidad, pues únicamente en 22 casos ha habido algún tipo de condena contra autores materiales y sólo en 3 casos se han condenado a los autores intelectuales. El resto, es decir que 129 se mantienen en total impunidad, y 77 casos han prescrito. Según un reciente informe de la Fundación para la libertad de prensa, FLIP, el año 2017 ha sido un año determinante en la lucha contra la impunidad en casos de agresiones a periodistas. Si bien se han dado algunos avances en casos emblemáticos como la condena a Jorge Noguera, exdirector del DAS, o la pena de 47 años impuesta al asesino de la periodista huilense Flor Alba Núñez, la impunidad en casos de asesinatos sigue siendo alarmante. El único caso en el que la justicia ha logrado condenar a toda la cadena criminal es el del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra, asesinado en 2002. De los asesinados solamente en un caso se ha condenado a toda la cadena criminal y la inmensa mayoría se encuentra en la total impunidad. El 8 de octubre la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo fue asesinada mientras ejercía labores periodísticas y de comunera en Puracé, Cauca. Ella ocupa el último renglón de los 154 periodistas asesinados por razones de su oficio desde hace 40 años. La investigación por el crimen Vásquez apenas comienza y se espera que, a diferencia de lo que ha ocurrido con la gran mayoría de casos, el proceso judicial avance y las autoridades sancionen a los responsables con celeridad.  El asesinato de Gerardo Bedoya, ocurrido el 20 de marzo de 1997, fue declarado crimen de lesa humanidad días antes de que operara la prescripción. Teniendo en cuenta que esta decisión implica que estos delitos no prescriben, la FLIP celebra esta decisión pero expresa su preocupación ya que no existen avances significativos en la investigación, a pesar de que han pasado 20 años desde que se cometió el crimen contra el periodista de El País de Cali. La Fundación hace un llamado a la Fiscalía y a la rama judicial a que no asuman esta declaratoria como un incentivo para dilatar los resultados de las investigaciones y de las sanciones. Este año, además, se conmemoraron 30 años del asesinato del médico y periodista Héctor Abad Gómez. El homicidio ocurrió el 25 de agosto de 1987 en Medellín. Han pasado tres décadas y su caso continúa sin ser resuelto. Este homicidio continúa en la completa impunidad sin que las investigaciones demuestren avances relevantes en la identificación y posterior sanción a los responsables. Otra decisión relevante en el escenario de la impunidad en crímenes contra la prensa es la condena de más de 47 años de cárcel a Juan Camilo Ortíz, alias “El Loco”, por su participación en el asesinato de la periodista huilense Flor Alba Núñez. La periodista fue asesinada el 9 de septiembre de 2015 en Pitalito. Núñez, a través de la emisora La Preferida Stereo y el Canal 6, hacía constantes denuncias acerca de la delincuencia común que operaba en el municipio y sus posibles relaciones con funcionarios públicos. La Fundación reconoce esta condena como un avance en la búsqueda de justicia en este crimen y destaca, además, que el juez haya tenido en cuenta la calidad de periodista de la víctima en el momento de valorar los móviles del homicidio. Sin embargo, dentro del proceso judicial aún hace falta condenar a toda la cadena criminal, mediante el esclarecimiento de los autores intelectuales y del autor material restante que se encuentra libre. En el caso de Jineth Bedoya Lima se llevaron a cabo los alegatos de conclusión en los que la Fiscalía solicitó la condena de Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira. Sumado a esto, la Corte Suprema de Justicia confirmó la exclusión de Justicia y Paz de dos de los implicados en estos delitos. Sin embargo, las autoridades judiciales que intervienen en el proceso continúan sometiendo a la reportera a escenarios de revictimización en los que no se generan mayores aportes al proceso. El primero de marzo, la reportera fue llamada por decimosegunda vez para declarar como parte de la investigación por la tortura, el secuestro y la violación de las que fue víctima en mayo del 2000. Otro avance en la búsqueda de justicia en los crímenes contra la prensa es la condena al exdirector del DAS, Jorge Noguera, por las interceptaciones, los hostigamientos y la tortura a líderes sociales y políticos, abogados y periodistas. La Corte Suprema de Justicia condenó a Noguera a una pena de 7 años, 10 meses y 15 días de prisión. La FLIP reconoce esta decisión como un avance, teniendo en cuenta que Noguera era el más alto funcionario del extinto DAS cuando ocurrieron los hostigamientos y las interceptaciones. Sin embargo, espera que las investigaciones continúen y se condene a todos los responsables de estos crímenes. Una de las víctimas de la tortura impartida por el extinto órgano de seguridad es la periodista Claudia Julieta Duque. Este año se llevó a cabo el proceso de extradición a Enrique Ariza Rivas, uno de los responsables de las agresiones a la periodista. Además, continuó el proceso en contra del General Jorge Luis Ramírez Aragón, director del INPEC. Sumado a esto, el pasado 19 de octubre, los delitos de tortura y persecución de los que fue víctima Duque fueron declarados crímenes de lesa humanidad. A pesar de estos avances en la lucha contra la impunidad, a la FLIP le preocupa la postura del Estado colombiano frente al caso del asesinato de Carvajal Vs. Colombia que se está llevando a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante las audiencias realizadas en agosto, la defensa del Estado utilizó argumentos ofensivos contra las víctimas y manipuló información para no aceptar su responsabilidad. La representación del Estado culpó de su negligencia a la familia Carvajal por no entregar suficiente información acerca de los responsables. Además, negó las condiciones reales de la libertad de prensa en el país y afirmó -erróneamente- que estaba cumpliendo con su deber de prevenir la violencia contra la prensa. Nelson Carvajal fue asesinado el 16 de abril de 1998 en Pitalito, Huila. El Estado colombiano falló en la prevención de la violencia contra la prensa, en la protección de Carvajal a pesar de conocer el riesgo inminente y en la posterior investigación y sanción a los responsables de este crimen atroz. Fuente: FLIP
Relatoría especial para la libertad de expresión preocupada por aprobación de ley contra el odio

Relatoría especial para la libertad de expresión preocupada por aprobación de ley contra el odio

Washington, EEUU/ Venezuela.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la aprobación en Venezuela de la “Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”.  El cuerpo legal fue aprobado a través de un trámite expedito en la Asamblea Nacional Constituyente, y sus disposiciones, en nombre de “la paz, la tranquilidad pública y la nación”, establece sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.   La “Ley contra el Odio” fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 8 de noviembre y sancionada sin intervención de la Asamblea Nacional. Aunque la ley en su parte general esgrime el objetivo legítimo de promover la diversidad, la tolerancia y erradicar toda forma de odio, discriminación y violencia por motivos discriminatorios y preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación, el Presidente Nicolás Maduro declaró antes de su aprobación que el objetivo era “contrarrestar la campaña de odio, terror y violencia que ha sido promovida por los sectores extremistas de la oposición”[1].   De acuerdo al texto aprobado, al instrumentar estos principios la ley desconoce y suprime el libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. A través de un elenco de figuras penales extremadamente amplias, vagas y ambiguas el Estado podrá castigar –a través del derecho penal- expresiones que pueden estar protegidas por el derecho a la libertad de expresión e incluso suprimir contenidos, al otorgarse al Estado la facultad de bloquear sitios en Internet y revocar las licencias de los medios de comunicación audiovisuales. El gobierno también tiene, según mencionada  ley, la posibilidad de utilizar en forma gratuita los espacios de radio o televisión para imponer un mensaje oficial.   En su artículo 20, la ley prevé sanciones “de diez a veinte años” de prisión para “quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio”. Además, establece que estos delitos serán imprescriptibles, lo que violenta los principios del derecho penal mínimo.   En su artículo 22, la normativa también prevé la revocación de la concesión de prestadores de servicio de radio o televisión que “[d]ifunda[n] mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturalez[a]”. El mismo apartado considera una multa de 50 mil a 100 mil unidades tributarias a la persona jurídica responsable de las redes sociales y los medios electrónicos que no retiren mensajes de dicha índole dentro de las seis horas siguientes a su publicación, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles.   En su artículo 23, la ley establece sanciones pecuniarias de tres hasta cuatro por ciento de los ingresos brutos a los prestadores de servicios de radio o televisión que “incumpla[n] la obligación de ceder los espacios gratuitos destinados a la difusión de mensajes que promuevan la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio e intoleranci[a]”.   A juicio de la Relatoría Especial, tales restricciones podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática. En un primer análisis tres aspectos resultan alarmantes: a) el uso de figuras vagas y sanciones exorbitantes e imprescriptibles para penalizar expresiones de interés público; b) la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público; c) la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos. Más detalles, en el sitio de la Relatoría para la Libertad de Expresión